Los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazaron este martes la propuesta acordada entre ERC y el PSC para que Cataluña tenga una financiación singular y salga del régimen común y avanzaron que tomarán medidas al respecto y lo llevarán a los tribunales.
Este partido afeó el preacuerdo alcanzado por ERC y PSC, que avanzaron ayer los republicanos, y destacó que el acuerdo que hace referencia al concierto económico de Cataluña es "inaplicable" porque "es ilegal". Destacó que cuando estudie el acuerdo decidirá "cuáles son las acciones a llevar a cabo".
Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de apuntalar la "dictadura bolivariana" y romper "la caja común de los españoles, todo en un mismo día". Al mismo tiempo, ya avisó de que "no nos quedaremos quietos", dejando entrever que quizá toma medidas al respecto.
Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ya avanzó que su Ejecutivo irá "a los tribunales" y que "impugnaremos el acuerdo ante el Tribunal Constitucional". Además, criticó que Sánchez "vuelve a traicionar a los españoles con privilegios fiscales para sus socios a cambio de poder" y que el preacuerdo con ERC es "otro pago indecente de votos con el dinero de todos".
Por su parte, el presidente del Galicia, Alfonso Rueda, se negó a "normalizar" que "decisiones que nos afectan a todos", a "todas" las comunidades, se tomen "en beneficio de una sola persona por su interés y por su supervivencia", refiriéndose a Sánchez. "Nosotros tampoco lo vamos a permitir", avanzó.
Juanma Moreno, presidente de Andalucía, aseguró que el preacuerdo "de Sánchez con ERC" es "un mazazo al principio de solidaridad y un ataque frontal" a esta comunidad y lamentó que el PSOE "se comporta como un partido independentista más", ya que "se ha rendido al interés particular de los separatistas". "Responderemos en defensa de la igualdad entre españoles", dijo.
Asimismo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, explicó también que su Gobierno hará "todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad de los españoles". "No vamos a permitir que nadie trate a los aragoneses como ciudadanos de segunda", espetó.
"La Comunidad Valenciana ni va a estar callada ni se puede permitir el lujo de permanecer callada ante un golpe de Estado fiscal", garantizó Carlos Mazón, quien expuso que "todos los mecanismos legales y sociales" de la Generalitat "están preparados para ejercer las acciones jurídicas pertinentes".
Del mismo modo se pronunció el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien subrayó que "no vamos a permitir que con el dinero de todos los murcianos se pague el sillón de Sánchez". "Utilizaremos todas las herramientas posibles para evitar la desigualdad que nos quieren imponer con las cesiones a los independentistas", se comprometió.
Desde Cantabria, su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, afeó que "los independentistas pedían la llave de la caja y Pedro Sánchez les ha dado la caja entera". A su juicio, la financiación singular que se propone para Cataluña es "indecente además de completamente ilegal o inconstitucional". "Me rebelaré contra lo que me tenga que rebelar", afirmó.
Los técnicos de Hacienda avisan de que el acuerdo podría ser "inconstitucional"
Los técnicos de Hacienda (Gestha) avisaron este martes de que el cumplimiento del preacuerdo entre el PSC y ERC "podría incurrir en inconstitucionalidad y atentaría contra la solidaridad entre territorios".
En un comunicado, los técnicos señalaron que el modelo de financiación singular de Cataluña "bordea la inconstitucionalidad", puesto que "tendría notas características de un régimen foral solidario con una Agencia Tributaria de Cataluña que asuma el 100% de la gestión de los impuestos en Cataluña".
En ese sentido, calcularon que si la Agencia Tributaria de Cataluña asumiera en 2026 la recaudación del 100% del IRPF "pasaría a recaudar 24.439 millones, y tendría que devolver la cuota estatal unos 12.000 millones". Para recaudar el 100% de los tributos estatales, "pasaría de recaudar los cerca de 4.900 millones de euros en impuestos cedidos y propios en la actualidad a recaudar alrededor de 52.000 millones en total".
A su juicio, "la propuesta más problemática es la aportación a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a pesar de que reconoce que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos alcancen niveles similares con un esfuerzo fiscal también similar".
Los técnicos de Hacienda advirtieron de que el IRPF aporta el 95,4% de la progresividad del sistema fiscal español; en cambio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones solo aporta el 3,2%, y los Impuestos de Patrimonio y de Solidaridad de grandes fortunas el 1,4% restante.
Por último, aseguraron que "la gran mayoría de los 5.000 empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña rechazaría integrarse" en una Agencia Tributaria autónoma, al "carecer de lazos afectivos y familiares en la región, aumentando exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior sean un atractivo suficiente".
