Primer paso para la rebelión del Tribunal Constitucional (TC) contra los trámites iniciados ya por la Audiencia de Sevilla para no aplicar la rebaja de la condena de los ERE hasta que nos se pronuncie la justicia europea.
Según informan fuentes jurídicas a Onda Cero, el presidente del TC Cándido Conde Pumpido ha dado instrucciones al letrado judicial para que reclame formalmente a la Audiencia de Sevilla la providencia en la que solicita a las partes que se pronuncien antes de una posible presentación de una cuestión prejudical ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta consulta al Tribunal de Luxemburgo permitiría congelar la ejecución de la sentencia del TC, que obligó a rebajar todas las condenas del mayor escándalo de corrupción juzgado en los tribunales españoles.
Las mismas fuentes indican que, en una decisión que Pumpido ha enmarcado en su potestad presidencial de organización general del TC, también ha encargado la reclamación oficial de otra providencia similar del TSJ de Madrid.
La intención sería acceder formalmente a los detalles de dichas providencias para poder encargar un informe a los letrados sobre la posibilidad que tiene el TC de bloquear este tipo de consultas a Europa, que sirven para no aplicar una sentencia del TC. Conde Pumpido esgrime la obligación de este tribunal de defender su jurisdicción constitucional, tal y como se plantea en el artículo 4 de la Ley Orgánica.
Durante el Pleno de hoy, magistrados del sector conservador le han rebatido que pueda adoptar esa decisión y argumentan que la jurisprudencia del TJUE impide expresamente que cualquier tribunal bloquee la presentación de una cuestión prejudicial.
"Primera aproximación"
En un comunicado oficial, el TC ha informado de que esta mañana el Pleno ha realizado una primera aproximación “al conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su propia ejecutividad y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales”.
Sobre este asunto no se ha tomado ninguna decisión, “sólo se ha recabado la opinión de los magistrados”, añade el comunicado.
Aunque para el sector conservador esta decisión no debería tener carácter “gubernativo sino que es jurisdiccional”, Conde Pumpido ha defendido su potestad para abanderar este planteamiento. De esta forma, evidencia que no se conforma con la no aplicación inmediata de la sentencia de los ERE dictada por el TC, que le corresponde a la Audiencia de Sevilla.
De este modo, el presidente del TC propone plantar batalla contra tribunales que acudan a Europa para no cumplir sentencias del Constitucional. Esto abriría un enfrentamiento institucional inédito a cuenta de la rebaja sustancial de penas que impuso el TC para los ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el resto del condenados.
La Audiencia de Sevilla, que había condenado a Griñán a 6 años y 2 días de prisión, además de a inhabilitación durante 15 años, y a Chaves a 9 años de inhabilitación especial, duda de que el amparo concedido por el TC a los condenados encaje en la normativa y el derecho de la Unión Europea.
De ahí que haya pedido informe a las partes sobre si pudo haber una extralimitación de la Corte de garantías constitucionales, invadiendo su propio ámbito jurisdiccional. Este es el primer paso antes de dirigir al TJUE una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Luxemburgo aclare si la sentencia del Constitucional contraviene el derecho de la Unión e impide que se ejecute.
