La sentencia de la sección 1 de la sala de lo Penal condena también a su pareja, Lina María Matilla, por blanqueo y asociación ilícita, y le impone tres años de cárcel ymulta de 900.000 euros; no obstante, absuelve a los otros dos acusados, Marta María Vallejo y Santiago Fuentes.
La Audiencia Nacional considera probado que Cardona creó en 2007 una sociedad, Finanzas Forex, que en vez de invertir el dinero de los inversores lo desviaba a su propio patrimonio personal e inmobiliario. Con este sistema, Cardona defraudó 350 millones de euros de 180.000 pequeños inversores en más de diez países.
La Sala explica que Cardona y Matilla desarrollaron una "agresiva y engañosa publicidad" para ampliar su base de clientes, y poder así reembolsar a los primeros inversores con las aportaciones de los que llegaban con posterioridad. Pero en ningún momento se distribuyó el beneficio obtenido mediante inversiones en oro, materias primas y divisas; tan sólo se repercutió un 5 % del dinero que efectivamente se transfirió al mercado de divisas.
La trama llegó a ofrecer rendimiento de un 20 % en el plan de inversiones más conservador y de hasta el 40 % en el más agresivo, con campañas de publicidad y reuniones en hoteles de lujo de todo el mundo donde los directivos de la sociedad "aparentaban solidez al grupo".
Mediante esta "estafa piramidal", a los inversores se les ofrecía la posibilidad de convertirse en "promotores" y captar así a nuevos clientes; una vez convertidos en promotores, recibían premios en forma de viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de vivienda. Los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.
A lo largo del proceso se ha desvelado que la organización captó fondos de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona, generalmente de menos de 10.000 dólares, cantidad máxima que no es preciso declarar. La sentencia ordena también el decomiso de todos los bienes y depósitos de oro de los condenados, para que puedan ser distribuidos entre los perjudicados, "verdaderos titulares" de esos bienes.