polémica reforma

El Congreso da por aprobada la ley que beneficiará a más de 40 presos de ETA

La Mesa del Congreso envía directamente al BOE la reforma de la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de algunos etarras de prisión. No se volverá a votar en el Pleno, tal y como pretendía el PP.

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ondacero.es

Madrid |

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol y el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celis
La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol y el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celis | EFE/ Fernando Alvarado

La Mesa del Congreso ha decidido acelerar su respuesta al Senado y resolverá este martes el último conflicto entre cámaras remitiendo al Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la ley orgánica 7/2014, que permite a los presos de ETA conmutarse las penas cumplidas en Francia.

Fuentes parlamentarias confirmaron que se contestará así a la Cámara Alta, que devolvió en la tarde del lunes el texto a la Baja en una acción sin precedentes que justificó en un informe de la Secretaría General del Senado. En dicho documento, de 12 páginas, los letrados entendían que el rechazo mayoritario del Pleno a la norma supone, de facto, un veto sobre el que la Cámara Baja se tiene que pronunciar.

"Es una no aprobación, no un veto. Ahora toca la admisión y su posterior publicación", zanjaron las fuentes consultadas en el Congreso, que confirmaron que la Mesa debatirá hoy su respuesta al Senado.

La idea inicial era que, una vez que el Senado remitiera oficialmente al Congreso su decisión, un paso que se materializó ayer por la tarde, los servicios jurídicos del Congreso empezaran a estudiar los argumentos de los letrados del Senado con el objetivo de elevar sus conclusiones a la Mesa para que se pudiera decidir la semana que viene.

Sin embargo, la Cámara Baja ha decidido que se debe pronunciar hoy para no "dilatar por cuestiones de procedimiento" la tramitación de la ley, independientemente de si los letrados culminan hoy su informe. De este modo, no se volverá a votar la reforma en el Pleno del Congreso, tal y como pretendía el PP.

Discrepancia entre letrados

La interpretación con la que ha actuado el presidente del Senado, Pedro Rollán, se basa en un informe de los letrados que concluye que, si la mayoría del Pleno de la Cámara Alta rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se entiende que es vetado y devuelto al Congreso para levantar este veto o ratificarlo.

Además, según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) directamente al no haberse modificado el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, como se creía en un primer momento, y se devolverá al Congreso para que levante ese "veto".

En el Congreso reconocen que este procedimiento no es el habitual y así lo han expuesto los servicios jurídicos en la reunión de la Mesa de la Cámara. Aunque el criterio de los letrados no es vinculante, el PSOE y Sumar lo han aceptado y han unido sus votos para rechazar la pretensión del Senado y dar por aprobada la ley, frente a los argumentos esgrimidos por los representantes del PP en la Mesa.

Según habían avanzado desde el PSOE ya este lunes, su tesis es que la votación del Senado no ha sido un veto como tal y, por tanto, no requiere un nuevo debate en el Pleno del Congreso para levantarlo y la ley podría ir "directa" al BOE para su entrada en vigor.

PP ve inaudito que Armengol dé por aprobada la ley

El PP ha calificado de "inaudito" que la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, haya dado por aprobada la ley de antecedentes penales que permitirá la convalidación de penas a etarras cumplidas en Francia y que lo haya hecho con un informe "verbal" del letrado de la Cámara.

Fuentes del PP han expresado su malestar por esta decisión del órgano de gobierno del Congreso, acusando a este de adoptar medidas que corresponden al pleno.

Al dar el Congreso por aprobada la ley, no se volverá a votar como pidió ayer lunes el Senado, que consideraba que el rechazo por mayoría absoluta al texto equivalía a un veto y, por tanto, se devolvía al Congreso con el aval de un informe de los letrados de la Cámara Alta. En este caso "por escrito", han precisado las fuentes populares.