El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, frente al 'no' del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Esquerra Republicana y el BNG han optado por la abstención porque aunque aprecian avances, les sigue pareciendo insuficiente. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano.
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
Objetivos de la ley de Memoria Democrática
El objetivo de la ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo pretende mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista gracias a los principios de "verdad, justicia y reparación". Además, intentan fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
Respecto a la ley anterior de 2007, esta nueva ley establece de forma expresa que la Administración General del Estado será la encargada de la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Para ello, crearán un mapa de localización de las personas desaparecidas y elaborará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que les permita cotejar los perfiles genéticos en la identificación de restos.
Asimismo, la ley declara ilegal:
- El régimen franquista
- Los tribunales franquista y declara nulas todas sus condenas
- También amplía la definición de víctimas incluyendo a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores
Por otra parte, también se creará un fiscal de Sala que investigará de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos desde el golpe de Estado, pasando por la Guerra Civil hasta la dictadura franquista. También se pretende crear un inventario estatal de lugares de memoria democrática por el que el Valle de los Caídos, pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Y se terminará con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Supresión de 33 títulos nobiliarios
Además, la ley también acabará con 33 títulos nobiliarios y grandezas de España que fueron concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.