Este jueves se aprobará en el pleno del Congreso de los Diputados la ley de Memoria Democrática, que ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por políticos que formaron parte de la Transición, entre ellos, el propio expresidente socialista Felipe González, a causa del pacto entre el Gobierno y EH Bildu.
El pacto con el partido independentista vasco permitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez salvar la ley de Memoria Democrática, que ha conseguido los apoyos suficientes como para salir adelante en el Congreso a pesar de nacer sin un consenso social y político amplio.
Críticas a la ley
La ley de Memoria Democrática ha recibido numerosas críticas tanto por parte de la derecha o los políticos de la transición por el pacto con Bildu, como por parte de las víctimas del franquismo y otras formaciones de la izquierda, como ERC, porque la consideran insuficiente. Sin embargo, ERC finalmente ha anunciado que se abstendrá
Entre las medidas más polémicas pactadas con Bildu está la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".
Revisarán desde 1978 hasta 1983
Previamente, los partidos que conforman el Gobierno de coalición habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con un periodo de tiempo más corto, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.
Aunque finalmente se ha acordado ampliar este periodo hasta 1983, incluyendo así el año de inicio de los GAL y el primer año de gobierno de Felipe González.
Objetivos de la ley de Memoria Democrática
El objetivo de la ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo pretende mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista gracias a los principios de "verdad, justicia y reparación". Además, intentan fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
Respecto a la ley anterior de 2007, esta nueva ley establece de forma expresa que la Administración General del Estado será la encargada de la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
Para ello, crearán un mapa de localización de las personas desaparecidas y elaborará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que les permita cotejar los perfiles genéticos en la identificación de restos.
Asimismo, la ley declara ilegal:
- El régimen franquista
- Los tribunales franquista y declara nulas todas sus condenas
- También amplía la definición de víctimas incluyendo a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores
Por otra parte, también se creará un fiscal de Sala que investigará de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos desde el golpe de Estado, pasando por la Guerra Civil hasta la dictadura franquista.
También se pretende crear un inventario estatal de lugares de memoria democrática por el que el Valle de los Caídos, pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Y se terminará con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Supresión de 33 títulos nobiliarios
Además, la ley también acabará con 33 títulos nobiliarios y grandezas de España que fueron concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
Se actualizarán en los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la "represión que se produjo durante la guerra y la dictadura". Y garantiza además el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición.
