El Pleno del Congreso de los Diputados ha admitido este martes a trámite de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación presentada por el PSOE sin apoyo de su socio de Gobierno, Unidas Podemos.
La denominada ley Zerolo, se solapa en buena medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad de Irene Montero: la ley LGTBI y la ley trans. Esto ha sido motivo de desencuentro entre los socios de gobierno. Unidas Podemos, pese a las críticas que ha lanzado contra su socio de Gobierno -y pese a que no había hecho pública su postura.-, ha anunciado que finalmente se abstendrá en la votación. El Partido Popular de Casado también se abstendrá en la votación de esta propuesta.
En la sesión se ha puesto de manifiesto las discrepancias que existen en el Gobierno de coalición respecto a esta ley. El diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, ha afeado la propuesta al PSOE, que ha tachado de "unilateral" y "desleal": "se desvirtúa en fondo y forma el pacto de coalición". Igualdad ya ha criticado que no se registrara la proposición de ley de manera conjunta.Malestar entre el PSOE y el ministerio de Igualdad
El pasado 21 de enero el PSOE registró en el Congreso la proposición de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, ante la sorpresa de Unidas Podemos, que aseguró que el texto no contaba con su visto bueno ni con el del Ministerio de Igualdad, "competente en la materia".
La proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del PSOE indica que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Prevé la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que prestará asistencia y orientación a las víctimas, servirá de órgano de mediación y podrá iniciar de oficio investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación.
La ley propone sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad a las personas que incumplan la ley. La recaudación obtenida por el cobro de las multas será invertida en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación.
