El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves los textos alternativos presentados respectivamente por Vox y Podemos a la reforma judicial pactada por el PSOE y el PP en el marco de su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una iniciativa que continúa así su recorrido parlamentario en la Cámara Baja.
Ningún grupo ha apoyado las enmiendas de totalidad más allá de sus firmantes, pero, en el caso de la de Podemos, Sumar y Junts han optado por la abstención, en lugar del voto en contra. Por su parte, ERC, Bildu y el BNG han preferido no participar en ninguna de las dos votaciones por considerar que el texto de PSOE y PP no cambia "nada" y sigue favoreciendo el 'lawfare'.
Una vez rechazadas las enmiendas de totalidad, la reforma de la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal que lleva la firma de PSOE y PP podrá proseguir su tramitación en el Congreso. En concreto, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, el martes se debatirá en ponencia y el miércoles en la Comisión de Justicia. La semana siguiente, el día 23 de julio, regrese al Pleno para ser aprobada y remitida al Senado.
Con esta reforma legislativa, los dos grandes partidos buscan poner fin a las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.
En su texto alternativo, Vox proponía que los jueces y magistrados eligieran directamente las doce plazas que tienen reservadas en el CGPJ mediante un sistema electoral mayoritario corregido de listas abiertas en el que pudieran participar todos los miembros en activo de la carrera judicial. Su idea era que Congreso y Senado se limitasen a designar a los ocupantes de ocho asientos que corresponden a juristas.
Para designar a los presidentes de los tribunales y de las salas del Tribunal Supremo y a los magistrados de este último, Vox abogaba por fijar la antigüedad como criterio fundamental y, en caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos, el tiempo de servicio en el orden jurisdiccional o el conocimiento en la materia. En lo relativo al Ministerio Fiscal, perseguía que para el nombramiento o cese del fiscal general se requiriese el acuerdo favorable del CGPJ.
De su parte, Podemos aprovechó su enmienda de totalidad para poner sobre la mesa una reforma del acceso a la carrera judicial que combine el actual sistema de oposición con uno nuevo de concurso entre abogados del turno de oficio con cinco años de experiencia, para cubrir la mitad de las plazas de jueces. Junto a ello, proponían un sistema obligatorio de becas por motivos económicos para los opositores.
A su vez, demandaba cambiar el sistema de elección de 12 vocales del CGPJ, de manera que si no se alcanzaba un consenso de tres quinto de la Cámara en primera votación, se pudieran elegir por mayoría absoluta con al menos el voto a favor de la mitad de los grupos parlamentarios. En caso de que no hubiera acuerdo para elegir a los juristas, sugerían la posibilidad de acometer una renovación parcial que afectara sólo al turno judicial.
