Ya el pasado mes de julio, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió a ello ante la Fundación Secretariado Gitano.
El texto aprobado es una proposición no de ley del grupo popular, defendido por la diputada Silvia Valmaña (PP), que ha considerado que no basta con favorecer la inclusión social de la comunidad gitana, sino que es necesario seguir impulsando actuaciones con el fin de conseguir una sociedad libre de discriminación.
Por ello, ha insistido en la necesidad de que la historia y la cultura gitanas se estudien en las escuelas para que se vayan rompiendo estereotipos y los propios niños gitanos vayan siendo reconocidos por los demás.
El diputado del grupo socialista Juan José Díaz Trillo ha pedido no olvidarnos de nuestra historia en relación con los gitanos, "de la que podemos sonrojarnos", y ha pedido que cuando se dé "un debate de este calado" se agrupen las iniciativas de los distintos grupos sobre el mismo asunto.
Por Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz ha señalado que, a pesar de que España se sitúa a la cabeza de Europa en integración de los gitanos, aun "hay cifras que deberían sonrojarnos", como el 63,4 % de abandono escolar en esta etnia frente al 19 % de la media española o las más de 9.000 familias gitanas que aún viven en entornos chabolistas.
El parlamentario de Unidos Podemos Joan Mena ha pedido que en el currículum "quede claro" la relación entre la cultura gitana y el resto de culturas del Estado, así como el papel de la mujer gitana en la historia de España y que se reconozca "explícitamente" la historia de persecuciones, especialmente "la gran redada de 1849", que ha calificado de "genocidio cultural".
Además, la comisión ha acordado instar al Gobierno a elaborar un plan nacional sobre Escuela Rural, en colaboración con las comunidades autónomas e incorporarlo al Pacto de Estado por la Educación.
La comisión ha dado el visto bueno a esta iniciativa, que ha partido del grupo socialista, aunque luego ha consensuado una enmienda transaccional con el PP.
Los diputados han aprobado pedir al Ejecutivo que este plan vaya acompañado por una financiación, que esté comprometida en los próximos Presupuestos Generales del Estado y se base en un modelo de escuela rural sostenible.
La socialista María Luz Martínez considera que la escuela rural es "una de las grandes perjudicadas por los recortes y la restricción presupuestaria" y "una de las grandes olvidadas en la legislación española", un diagnóstico "pesimista" en el que no han coincidido los populares, quienes, no obstante, han defendido la necesidad de seguir reforzándola.
Otra petición de la comisión al Gobierno es la puesta en marcha de un plan nacional contra la dislexia que involucre al sector sanitario y educativo, una propuesta que ha defendido Marta Martín, de Ciudadanos, que ha sido respaldada por la unanimidad de los grupos después de dos aportaciones del PP y de Podemos.
Según Martín, este trastorno del aprendizaje lo padecen el 15 % de los españoles y puede explicar hasta el 40 % del fracaso escolar.
Podemos ha pedido que el plan se acompañe con una inversión económica concreta, y el PP que se enfoque dentro del plan nacional de neurociencia que ha sido presentado.
