Los fiscales se han pronunciado así tras escuchar al ministro de Justicia, quien ha participado en la reunión ante las críticas de buena parte de la carrera a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un límite temporal para las instrucciones judiciales.
Catalá ha asegurado que no suspenderá la entrada en vigor del nuevo proceso de investigación penal, como piden los fiscales, a quienes ha ofrecido más medios humanos y materiales para la puesta en marcha del nuevo sistema.
Los miembros del Consejo Fiscal, que han recibido una carta firmada por un más de un millar de fiscales en contra de la reforma, se han ratificado en la oposición a la misma y han actuado "como una sola voz".
En ese sentido, se han ratificado en el informe que ya hizo el Consejo Fiscal cuando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba en fase de anteproyecto.
Un documento en el que el Consejo Fiscal advirtió de que fijar plazos a la instrucción "no resulta propio del sistema procesal penal español actual", sino de un sistema acusatorio puro en el que el fiscal dirige la instrucción.
También consideraba un "contrasentido" dar al fiscal potestad de pedir las prórrogas cuando la investigación la dirige un juez.
Los fiscales han pedido hoy a Catalá "la urgente puesta en marcha" de un mecanismo legislativo para retrasar la entrada en vigor de la ley, prevista para el 7 de diciembre, pues "con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales".
Esa es la única solución a estas alturas de legislatura, según la opinión de los fiscales, para quienes es "inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses".
A los fiscales no les han convencido las propuestas de Catalá, que pasan por implantar mejoras tecnológicas y aplicaciones informáticas, reforzar las fiscalías con más carga de trabajo e instruir a los letrados de la Administración de Justicia sobre su actuación y la coordinación con la Fiscalía en el traslado de las causas en trámite en los juzgados,
Esas medidas "no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales" y sólo la prórroga de la entrada en vigor "podría resultar satisfactoria", sostienen los miembros del Consejo Fiscal, quienes lamentan que "una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos" no haya sido tomada en consideración por el ministro de Justicia.
