El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad que viene anunciando desde el fin de semana Pedro Sánchez.
Esta ley hace obligatorio tener listas cremallera en las elecciones alternando a hombres y mujeres. Además de que haya un mínimo del 40% de mujeres y hombres en los órganos de administración públicos y direcciones de grandes empresas con más de 250 trabajadores.
El PSOE se defiende con la ley de paridad de no ser feminista
Esta ley que aprueba el Consejo de Ministros se hace en la víspera del ocho de marzo con el Gobierno elevando la crítica la crítica al propio gobierno. La ley de paridad es una ley que viene resaltando la parte socialista del Ejecutivo
que se defiende de las acusaciones de Unidas Podemos de no ser feminista por no llegar a un acuerdo en el seno de la coalición para reformar la ley del 'Sólo sí es sí y aumentar las penas por violación.
Parte de esta ley anunciada por el presidente Sánchez -lo relativo a que todas las empresas que coticen en bolsas de la Unión Europea deben tener el 40% de sus miembros de cada sexo antes de 2026- es, en realidad, una transposición que deben adoptar los 27 países de la Unión Europea porque parte de una iniciativa del Parlamento y la Comisión Europea, impulsada en 2012 por una comisaria de Luxemburgo que pertenece al Partido Popular Europeo. La iniciativa ponía como fecha tope 2026 y Sánchez quiere adelantarlo a 2024.
A pesar de ser una iniciativa del PP europeo, aquí en el España, el principal partido de la oposición ha calificado el anuncio del presidente como una ocurrencia y una cortina de humo.
Por qué es difícil que la ley de paridad se apruebe en esta legislatura
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la aprobación del anteproyecto de ley de Paridad anunciada por Pedro Sánchez, pero difícilmente esta ley podrá entrar en vigor esta legislatura.
El primer paso es que el Gobierno solicite a los ministerios implicados y a los órganos consultivos los informes correspondientes. Estos informes se entregarían de nuevo al Gobierno y tendría que volverse a aprobar en Consejo de ministros la versión definitiva que ya se enviaría al Congreso para su tramitación. Este protocolo culminaría a medidos o finales de abril.
Una vez llegue al Congreso de los Diputados, la tramitación de un proyecto de ley ordinario llevaría alrededor de seis meses, con lo cual la votación en el Congreso se produciría en octubre y es precisamente en ese mes cuando el Congreso suspenderá su actividad por el fin de la legislatura. Así que el tiempo es muy justo.
Pese a los plazos, Nadia Calviño sostiene que se han aprobado leyes con ese mismo plazo y "tenemos que aprovechar lo que queda de legislatura".
