El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el principal partido de la oposición, el Partido Popular, con el apoyo de más de 50 diputados, en contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, por la que se regula la eutanasia.
El tribunal de garantías ha comunicado a través de una nota informativa, que el Pleno ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y realizar todas las alegaciones que cran oportunas.
Vulneración del derecho a la vida y a la dignidad de la persona
El magistrado a cargo de la ponencia de esta sentencia será Cándido Conde-Pumpido. Según alega el PP la ley de eutanasia promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez vulnera varios preceptos de la Constitución, entre los que se encuentran el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona.
Asimismo, los populares sostienen que esta ley vulnera también el artículo 14 de la Carta Magna, por el que se establece que todos los españoles son iguales ante la ley, y también el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos y señala que los poderes público tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
Partido Popular y Vox, en contra
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo la ley de la eutanasia, con los votos en contra de los principales partidos de la oposición, Partido Popular y Vox. Según esta ley, se puede aplicar la eutanasia en pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Por otra parte, en el recurso presentado también aparece el argumento que Pablo Casado ha empleado en diversas ocasiones, en el que señala que la ley de la eutanasia vulnera los artículos 168 y 169 de la Constitución. Y recuerda que con "125.000 fallecidos por coronavirus" no era el "mejor momento de abordar" esta ley y hacerlo, además, "en la excepcionalidad" del estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo.
