El tribunal de garantías considera inconstitucional la resolución que la cámara catalana aprobó el pasado 11 de octubre que abogaba por la abolición de la monarquía y que se presentó como la respuesta ante la declaración del rey del 3 de octubre de 2017.
La resolución, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condenó la toma de posición del rey en el "conflicto catalán", así como lo que consideró "justificación de la violencia" policial el 1-O, y abogó por la abolición de la institución monárquica, que el Parlament calificó de "caduca y antidemocrática".