El Tribunal Constitucional aborda este martes los primeros recursos de condenados por malversación por los ERE de Andalucía, cuyas ponencias proponen exonerar o reducir considerablemente sus condenas de prisión, una medida de la que podría beneficiarse en breve el expresidente de la Junta Jose Antonio Griñán.
En concreto, el Pleno tendrá sobre la mesa los borradores que abogan por la estimación total o parcial de los recursos de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano, todos ellos condenados por prevaricación y malversación.
Visto bueno de los siete magistrados progresistas
A priori, las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador. De ser así, la sentencia de los ERE quedaría prácticamente en nada una vez que el tribunal ya anuló casi en su totalidad el delito de prevaricación.
El borrador de la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán propone perdonar totalmente el delito de malversación a Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión, y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia para Fernández, condenado a siete años y 11 meses de cárcel, que rebaje considerablemente su pena al exonerar algunos hechos por los que fue condenado.
La corte de garantías ya adelantó en su último pleno que la doctrina de la sentencia de la exministra Magdalena Álvarez respecto de la prevaricación será tomada en consideración para el resto de los recursos, como ocurrirá con las decisiones que adopten con la malversación, de ello se beneficiarán los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El TC esta revisando la pieza política de los ERE, que juzgó la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
