Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha acudido este miércoles a declarar ante el juez Peinado que dirige su caso por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Esta vez ha declarado como investigada por la presunta apropiación indebida de un software diseñado para la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En su tercera comparecencia ante el juez, la esposa de Pedro Sánchez solo ha estado 35 minutos, ya que Gómez únicamente se ha ceñido a responder a las preguntas de su abogado, quien ha atendido a los medios de comunicación al término de la citación.
"Mi cliente ha declarado. Es lo que quería desde el inicio del procedimiento porque no tenía nada que esconder", ha señalado Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ante los medios. "Si no ha declarado antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Uno si es investigado tiene que conocer qué es lo que se investiga".
Intervención en procesos de licitación pública
Según ha detallado el abogado de Gómez, la mujer del presidente del Gobierno habría explicado que "nunca conoció la existencia de estos procesos de licitación pública y que no intervino en absoluto", en referencia a las adjudicaciones destinadas a las empresas de Juan Carlos Barrabés. "No llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento".
Respecto a las cartas de recomendación, Camacho ha indicado que "esa carta es una carta modelo que fue remitida a la Universidad Complutense y que fue firmada por grandes empresas tecnológicas", pero que "no se firmaba el apoyo a ninguna empresa en concreto", sino que se apoyaba "la importancia a efectos de innovación del proyecto".
Posible delito de intrusismo
En cuanto a la firma de pliegos de prescripciones técnicas en un concurso de la Complutense, Camacho ha incidido en que todos esos procesos en la universidad "son guiados". Así, señala que "recibió al menos dos correos donde se la instaba a firmar ese pliego de prescripciones técnicas porque, de acuerdo con la normativa de la universidad, lo debe firmar el jefe de la unidad administrativa" que, en este caso, Begoña Gómez era la directora de la cátedra.
A este respecto, Camacho ha recordado que Begoña Gómez no es ni ha sido catedrática, "sino directora de una cátedra". Asimismo, el letrado ha dado explicaciones sobre el sueldo que la investigada percibía por los másteres, situándolo en 15.000 euros anuales. "Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo", ha apuntado.
Presunto delito de apropiación indebida de marcas
En este contexto, el abogado ha señalado que "el término transformación social competitiva" lo creó Begoña Gómez y que "no existía antes". Ella "lo propuso a la Universidad Complutense y fue aceptado". Insiste el letrado en que Gómez ha explicado que "la Complutense tuvo perfecto conocimiento de la inscripción de las marcas", las cuales "no han sido utilizadas fuera del ámbito de la universidad" y que se pretendía que nadie lo hiciera.
Por tanto, según ha declarado Camacho, Begoña Gómez "no intervino en ningún proceso de licitación pública". Añade que "si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca porque nunca han pertenecido a la universidad. Sí fueron inscritas por ella, pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y másteres".
