Esta resolución asume el dictamen del Consejo de Estado del 20 de octubre de 2016 y reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia aérea, ocurrida el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), tal y como adelantó la ministra a las familias en su reunión del pasado 10 de enero.
En el accidente fallecieron 62 militares de los que una veintena estaban destinados en Burgos.
La asunción de responsabilidad administrativa no significa el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares en 2004, y cuya solicitud había supuesto el origen del expediente.
En cuanto a los contratos y a la documentación, Defensa dice que "se ha podido constatar de forma fehaciente que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado".