Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que revoque su decisión de citar el próximo martes a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no existir "el más mínimo indicio" que la justifique "más allá de la voluntad libérrima" del magistrado.
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Antonio Camacho tilda de "sorprendente" la resolución judicial que acuerda interrogar al presidente del Gobierno en La Moncloa en el marco de una "singular línea de investigación" abierta por el magistrado.
Considera "inexistente" la fundamentación que hace el juez "de una diligencia tan trascendental, en un Estado de Derecho, como lo es la citación del Presidente de Gobierno" y pide al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que reconsidere su decisión.
Si el juez la mantiene, se trasladará al complejo residencial de la Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de tomar declaración "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.
La Fiscalía también recurre
La Fiscalía de Madrid también ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar el 30 de julio como testigo al presidente del Gobierno en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, al no verla necesaria, útil o pertinente
"¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento? ¿Que la conocía o que participó? ¿Que colaboró? ¿Que fomentó la actividad?", se pregunta el fiscal en el recurso presentado este martes.
En su opinión, "la parquedad" de la resolución dictada, con "errores", por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no permite saber qué es lo que busca el juez con la declaración del presidente del Gobierno, y además su "premura" al adoptar la decisión dificulta la tramitación de los recursos que podrían combatirla.
Es crítico el fiscal al dejar claro que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, protegida en la Constitución, "no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa)".
Aunque el presidente del Gobierno -añade- puede "ser objeto de las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática, no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de ciudadanos".
Además, para el fiscal, "investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad resulta sencillamente incierto" porque "es notoria" la relación entre ambos.
Su recurso se une al que también la defensa de Gómez, Antonio Camacho ha presentado este martes. Ambos piden al magistrado que reconsidere su decisión y el fiscal también solicita que, en su caso, de forma subsidiaria, permita la declaración de Sánchez por escrito, una posibilidad que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) si la declaración es sobre cuestiones relativas a su cargo.
El magistrado, sin embargo, quiere acudir a La Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez en virtud de varios artículos de la norma que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recogen la posibilidad de interrogar "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.
El juez usa un "subterfugio" para interrogar en La Moncloa
El fiscal considera que el juez ha acudido a un "subterfugio" para fundamentar su decisión de interrogar a Sánchez en La Moncloa y afirma que "se ha orillado y excluido la posibilidad de declaración por escrito"
La providencia, dice, se centra en "circunstancias accesorias" para grabar la declaración del presidente del Gobierno, en lugar de "motivar" su decisión.
Aunque está "radicalmente en contra" de citar a Sánchez, el fiscal cree que si el juez fuera "coherente con lo manifestado", le permitiría declarar por escrito, ya que hay "numerosas menciones" en escritos de las acusaciones populares que aluden a actuaciones de Pedro Sánchez "en el marco de la función de presidente del Gobierno".
Una causa "desmesurada"
En su recurso, la Fiscalía afirma que la investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene "una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición", en la que en las últimas semanas el juez ha citado a testigos que, "inmediatamente y sin motivación alguna", ha convertido en investigados.
Es el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense y adjudicatario de varios contratos investigados, y del rector de dicho centro, Joaquín Goyache.
Es "preocupante", dice el fiscal, cómo se usan declaraciones de testigos prestadas bajo juramento para empeorar su condición e imputarles, sin apercibirles en la misma comparecencia.
Con todo, la Fiscalía reitera que no ve "necesaria" la declaración de Pedro Sánchez en una investigación en la que "se vienen realizando todo tipo de diligencias, aun generales, de amplio espectro y escasa concreción" que -subraya- "no han obtenido los fines pretendidos".
Reacciones en el Congreso a la citación de Sánchez
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha advertido este martes que hay una "diferencia radical" entre la citación de Pedro Sánchez como testigo y la declaración de Mariano Rajoy en 2017 sobre el caso Gürtel, en lo que fue la primera comparecencia de un presidente del Gobierno en una vista oral.
El portavoz socialista ha recalcado que el PP fue entonces "condenado como trama criminal organizada para corromperse y, ahora, lo que estamos es defendiendo la inocencia ante una trama de persecución política".
"Una vergüenza", se ha limitado a denunciar por su parte el vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha instado a "democratizar el Poder Judicial" en España y ha dicho que si el PSOE no se ha convencido de hacerlo hasta ahora "por las buenas", lo hará después de ver los usos "marcadamente políticos" de determinados jueces.
Al respecto, ha comentado que el juez Peinado sigue investigando pese a que "no encuentra nada" y ahora ha decidido llamar a declarar como testigo a Sánchez "al dictado de Vox".
Y ha trasladado a los "reaccionarios" que "abandonen toda esperanza de quebrar al gobierno de coalición por métodos que van a más allá de la soberanía popular".
"No van a quebrar al Gobierno de coalición, no van a hacer lo que hicieron con Antonio Costa en Portugal", ha añadido en referencia al ex primer ministro portugués, que dimitió de su cargo por un presunto caso de tráfico de influencias, aunque luego no hubo indicios.
Para Gerardo Pisarello, de Sumar, la citación de Sánchez se trata del mismo modus operandi utilizado contra otros dirigentes de izquierdas basado en "una instrucción plena de irregularidades y con tintes claramente inquisitorios".
Además, ha apuntado que en lo único que confían ahora es en ver si hay jueces independientes en los tribunales superiores que puedan parar este "estropicio", porque, según ha recalcado, se trata de un "auténtico despropósito".
En este sentido, ha animado al presidente del Gobierno a recurrir ante el nuevo Consejo General del Poder Judicial que salga de la votación de este martes en el Congreso y ha pedido que "los abogados del Estado y los órganos que tengan que pronunciarse se pronuncien".
Gabriel Rufián, de ERC, ha opinado que la citación de Sánchez no se hubiera producido si estuviera regulada la figura de la pareja del presidente o presidenta del Gobierno.
Con esa regulación "se acabarían muchas historias", ha dicho Rufián, para quien "es absurdo que se cite a alguien por una reunión".
Preguntado si se trata de una persecución política, ha señalado que ellos ya advirtieron hace cinco o seis años que "el 'a por ellos' era 'a por todos'" y ha denunciado que eso incluye absolutamente a todos aquellos que no sean de la derecha o la ultraderecha".
