“O todo o nada”, insisten en el entorno de Carles Puigdemont. Y es que el retraso del viaje al pasado 1 de octubre de 2017 se debe de nuevo a varios motivos. A la redacción de la exposición de motivos de una ley de amnistía que ya arde en las calles antes de ser publicada. Al último auto judicial del juez García Castellón contra el propio lider de Junts y por qué no, a las protestas callejeras en varias ciudades españolas contra este pacto de investidura. Y eso -reconocen ambas delegaciones- no ayuda. Pero los negociadores del PSOE tienen prisa. Y la tienen en un momento en el que no son buenas. Nadie quiere una ley con lagunas y defectos -decían ayer portavoces oficiales de Sumar- que la tumben en cuanto nazca.
El caso es que Carles Puigdemont tiene preparado su coche fantástico en la rampa de salida -como el Delorean de la película de Robert Zemeckis- y no saldrá de regreso a aquel 1 de Octubre hasta que se redacte la ley a su gusto y pueda viajar con él su lista completa de pasajeros, compuesta por lideres del partido, abogados y hasta el chófer que lo sacó de España escondido en un maletero: Laura Borrás, Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay, Miquel Buch y Luís Escolá. Problema: que todos ellos tiene causas judiciales ajenas al procés. Sobre el papel, no pueden ser amnistiados y el PSOE no garantiza de momento que todos ellos entren al coche si tienen otras cuentas pendientes.
Pero luego hay un problema de fondo. Y es que Puigdemont quiere una redacción de la ley que le permita cuadrar un círculo que ya dibujó Felipe González en el Ateneo de Madrid, el pasado 20 de septiembre con esta frase premonitoria:
“Los independentistas convocaron un referéndum y proclamaron la república catalana. Fueron procesados. Y resulta que la amnistía borra eso. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues que digan ahora que no necesitan un referéndum, que ya lo hicieron”.
Y es que, si se aprueba la amnistía, valdrá el referéndum de 2017. Eso -no lo niegan los independentistas- daría carta de naturaleza a todo lo que se hizo entonces. Incluida la declaración de independencia. De ahí el temor y la advertencia de jueces y magistrados enfrentados al PSOE y al propio gobierno en funciones. Todos -incluidos algunos magistrados progresistas- temen que Carles Puigdemont y el PSOE den por bueno lo que ya se hizo. Y que a cambio del voto sí de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, logren además la inmunidad de su equipo más cercano.
Pero aunque la semana pasada todo estaba “casi hecho”, tan hecho como para que el cauteloso Cerdán se dejara hacer una foto prematura, un día más, no hay acuerdo. Y es que, según algunas fuentes cercanas al proceso, Puigdemont hizo honor a su fama y la semana pasada decidía sorprender al PSOE a última hora poniendo encima de la mesa esa lista de pasajeros demasiado amplia para un viaje tan peculiar. Porque lo que está haciendo encallar la negociación en Bruselas entre los equipos del número 3 del PSOE y del propio Carles Puigdemont es el salvoconducto político que el expresident pretende para los mencionados pasajeros. Todos ellos tienen cuentas judiciales pendientes y ajenas a los hechos del 1 de octubre y ahí el PSOE en teoría “no puede ni debe ceder”, coinciden otras voces críticas con la negociación.
En el entorno de la dirección de Ferraz reconocen, además, que el auto del juez García Castellón en el que imputa un posible delito de terrorismo al expresidente de la Generalidad de Cataluña y a otros líderes independentistas, en el marco de la investigación contra Tsunami Democratic ha enfangado aún más el intercambio de papeles que conducían al acuerdo inminente.
En todo caso, el entorno socialista de la delegación enviada a Bruselas reconoce que, con sus exigencias, el líder de Junts ha sobrepasado las expectativas sobre cómo iba a ser dicha negociación y que salvo sorpresas, esta semana no habrá investidura. Y tampoco el regreso al pasado que Puigdemont y los suyos quieren hacer para después regresar a su futuro particular de 2023.
