La propuesta de rechazo a la petición fue hecha por el juez responsable del Registro Civilque planteó el cuestionario a la inmigrante para conocer su grado de integración en la sociedad española y el de su conocimiento del idioma.
Entre otras cuestiones, la mujer fue instada a contestar sobre cuáles eran sus derechos y deberes como española, por nombres de escritores o directores de cines del país, por el autor de las Meninas, por las "principales" comunidades autónomas, por la Transición o por las fiestas nacionales.
El juez dictaminó que la inmigrante "habla y comprende el español con mucha dificultad" a pesar del tiempo transcurrido en el país, y que fue "incapaz" de comprender las preguntas sobre la sociedad y cultura españolas que le fueron planteadas.
La Audiencia Nacional, en su auto, respalda la decisión adoptada por la Dirección General de Registros y de la Notaría sobre la base del pronunciamiento del juez que planteó el cuestionario a la inmigrante.
Para este tribunal, "en la medida que la nacionalidad española concede un estatus y unos derechos superiores a los derivados de la mera residencia legal en España, es por lo que se establece la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de la nacionalidad al exigible a los extranjeros residentes".