Así lo ha denunciado en rueda de prensa el sindicato CSIF, mayoritario en la Administración del Estado y en Instituciones Penitenciarias, y que ha detallado que no acudirá a la celebración de la patrona de las prisiones, La Merced, en protesta por la falta de plantilla y de un protocolo contra las agresiones.
El sindicato demanda una oferta pública de empleo urgente que permita reforzar las plantillas de las cárceles, envejecidas, y la articulación del citado protocolo, que según detalla sí se aplica en otros ámbitos de la Administración.
La puesta en marcha de esta iniciativa serviría para saber cómo actuar si hay incidentes, actuar de inmediato contra los agresores y y también para que los funcionarios sepan algunos antecedentes de los reclusos, por ejemplo si tienen problemas psiquiátricos o han protagonizado incidentes en otros centros.
En los nueve primeros meses de 2016 se han registrado 197 agresiones, 44 de ellas graves, frente a las 164 de todo 2015 (12 de estas graves), según los datos del sindicato.
CSIF teme que este "alarmante incremento de las agresiones" a funcionarios haga que a final de este año se superen las cifras del año 2009, cuando se sumaron 264 incidentes de este tipo, según el portavoz del sindicato, Jose Manuel Couso.
La comunidad autónoma más peligrosa según sus datos es Andalucía, seguida por Madrid.
Sobre esta última región han subrayado sus "características muy especiales" por la cantidad y el tipo de reclusos, y que el mayor número de incidentes se siguen concentrando en los centros de Estremera y Soto del Real.
El responsable de Prisiones en CSIF, Adolfo Fernández, ha mostrado fotos en las que se ve a funcionarios con puntos en los labios, con un gran moratón en un brazo o con un brazo vendado, fruto de agresiones de internos.
Como ejemplo de la situación que viven los funcionarios de prisiones han explicado que antes solía haber hasta quince trabajadores para reducir a un preso peligroso, pero ahora pueden ser solo cuatro o cinco y la mitad de ellos mayores de 50 años.
En los últimos años hay más internos procedentes grupos o bandas criminales, fuertes físicamente, así como imputados por terrorismo yihadista, pero a pesar de ello "no se recibe ningún tipo de formación específica", ha asegurado el portavoz.
Los representantes sindicales han criticado que mientras se descuidan las plantillas en la administración penitenciaria, el Gobierno refuerza la seguridad privada en las prisiones para los próximos años, con unas contrataciones que tienen un valor estimado de 58 millones de euros.
En su opinión la contratación de seguridad privada "no solo no resuelve el problema de falta de personal, sino que duplica labores", ya que hay lugares donde están un vigilante y un guardia, porque el primero no puede ejercer esa labor solo, e incluso a veces también hay un funcionario de prisiones.
