Según ha informado la Policía en un comunicado, los detenidos, de nacionalidad española la mayoría, así como nigeriana y cubana, son el empresario y cabecilla de la banda y los 18 supuestos trabajadores, algunos familiares del primero, y se les imputan delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La organización llegó a dar de alta a 80 falsos trabajadores en la Seguridad Social sin que hubiera actividad laboral real y, además, desatendía sus obligaciones económicas, indica la nota, que señala que el resto de empleados ficticios no se ha podido localizar por haber regresado algunos a sus países de origen.
El fin que perseguían los miembros de la banda era lograr el acceso a prestaciones por desempleo, adquirir o prorrogar permisos de residencia, elaborar vidas laborales ficticias y obtener la protección de la Seguridad Social.
Para ello, la organización creó una estructura empresarial de seis empresas que no desempeñaban actividad alguna y que ofertaban servicios que abarcaban desde el sector de la construcción y al comercio al por mayor.
Las empresas no pagaban las cuotas
Los supuestos empleados cotizaban en la Seguridad Social sin que las empresas pagaran las correspondientes cuotas, perfeccionando una vida laboral irreal y obteniendo todo tipo de beneficios del sistema público, precisa la nota.
La red daba de alta a ciudadanos, a quienes ofrecían contratos laborales a cambio de unos 1.000 euros, sin que existiera una relación laboral efectiva, pues como parte de su estrategia desatendían las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Según se comprobó, los falsos empleados se habían beneficiado regularizando su situación en España por la circunstancia excepcional del arraigo social o con la renovación del permiso, aunque era frecuente que la finalidad de la contratación obedeciese a motivos estrictamente económicos, indica el comunicado.
Para generar el derecho a las diferentes prestaciones o subsidios previstos por el sistema de la Seguridad Social cubrían periodos de carencia, habiendo causado un fraude al erario de la Seguridad Social superior a los 200.000 euros y percibido además indebidamente prestaciones del sistema de la Seguridad Social por valor de 180.000 euros.
La operación policial sigue abierta y en ella colaboró la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, señala el comunicado, que añade que se inició el año pasado cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas tuvieron conocimiento de este grupo.
