Esta organización falsificaba todo tipo de documentos para acreditar la legalidad de los enlaces. Gestionaban una red de certificados matrimoniales falsos en diferentes países, sobre todo Portugal, Rumanía y Grecia.
Entre las implicadas, se encuentran mujeres de nacionalidad española y rumana con difíciles situación económica, que se dedicaban en muchos casos a la prostitución.
Esto favorecía la captación de novias a las que les pagaban hasta 1.000 euros por matrimonio.
Los varones extracomunitarios llegaban a pagar a la organización hasta 17.000 euros.
