Fuentes próximas a Ramos de Armas han indicado además que ha tomado esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente.
Varios exempleados de la empresa pública Acuamed afirmaron ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.
Ramos de Armas asumió su puesto en el Ministerio de la Presidencia el 19 de junio del pasado año, cargo al que llegó desde el Ministerio de Agricultura, donde era secretario de Estado de Medio Ambiente desde diciembre de 2011. Su paso por ese puesto es el que le relaciona con el caso Acuamed, porque varios testigos han dicho al juez que estuvo presente en la reunión en la que se alcanzó ese acuerdo con FCC.
Fuentes próximas al dimitido subsecretario de Estado han explicado que ha tomado la decisión de dejar su puesto para poder defender su honorabilidad y el "estricto cumplimiento de la legalidad" en su desempeño como secretario de Estado de Medio Ambiente.
El PSOE ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la supuesta implicación de Ramos en el caso Acuamed. Antes de conocer su dimisión, el Grupo Parlamentario Socialista registraba esta mañana una solicitud de comparecencia en el Congreso del propio subsecretario de la Presidencia "para dar cuenta de su implicación en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed".
Además, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha reclamado un informe sobre las actuaciones realizadas en el Ministerio de la Presidencia para esclarecer la implicación del subsecretario de ese Ministerio en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed, y para determinar las responsabilidades de todo orden derivadas de la misma.
El miércoles, el juez Eloy Velasco dictó el ingreso en prisión de cinco de los detenidos por el fraude en los contratos de Acuamed, entre ellos el exdirector general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la libertad bajo fianza de otros ocho.
En ese auto, el juez señaló entre las posibles ilegalidades cometidas una compensación acordada entre Acuamed y FCC que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015.
Ramos de Armas ha sido abogado del Estado en el Ministerio de Agricultura y abogado del Estado-jefe en la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue además director de Medio Ambiente y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid.
