Del mismo modo, las 644 separaciones consensuadas representan un 5,7% menos y las 303 separaciones no consensuadas, un 13,7% menos que las del tercer trimestre de 2017. Las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a 27, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 35.
El informe pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2018. De este modo se puede ver que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunidad Valenciana, con 5,7, seguida de Andalucía y Canarias, con 5,1; Islas Baleares, con 5, y Galicia, con 4,9.
Todas estos territorios han superado la media nacional, que es de 4,7 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes.
Por el contrario, las proporciones más bajas de disoluciones matrimoniales por habitante se han dado en País Vasco, con 3,4; Castilla y León, con 3,7, y Aragón y La Rioja, con 3,8.
A diferencia de lo ocurrido con las demandas de disolución, todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas se han incrementado un 9,1% y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 2,1% respecto al mismo trimestre de 2017.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no consensuadas, han tenido incrementos interanuales del 11% y 2,4%, respectivamente.