Yolanda Díaz sigue con su plan de avanzar en el recorte de la jornada laboral y este lunes se reúne con los sindicatos tras enviarles el viernes, a ellos y a los empresarios, el borrador con la propuesta del Ministerio de Trabajo.
El anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral incluye una reforma del registro horario que garantice que las empresas cumplen los límites legales sobre el tiempo de trabajo. Así, Trabajo quiere impedir que se puedan falsear los asientos del registro y que las empresas cumplan, de verdad, con los nuevos límites legales de la jornada.
Endurecimeinto de las sanciones a las empresas
El texto remitido a sindicatos y patronal recoge un endurecimiento de las sanciones a los empresarios que incumplan con la normativa hasta un máximo de 10.000 euros de multa por trabajador. De esta forma, el incumplimiento de los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Además, el departamento que dirige Yolanda Díaz no contempla elevar las horas extra permitidas legalmente en España para compensar la reducción de la jornada ordinaria, idea que se puso sobre la mesa de negociación como posible gancho para atraer a la patronal a un acuerdo a tres bandas.
Plazos
El borrador que Trabajo envió el viernes a sindicatos y patronal confirma la aplicación progresiva de la reducción de la jornada laboral: se pasará de las 40 horas actuales a las 38,5 horas este 2024, "desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el día 31 de diciembre de 2024", y a las 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025. El texto recoge que la reducción se aplicará en el cómputo global, no semanal.
En cuanto a las fechas para su aprobación, la negativa de la patronal a sentarse a negociar puede llevar a que el Gobierno apruebe la nueva normativa sin ellos, solo con los sindicatos, tal y como ocurrió con la reforma de los subsidios por desempleo.
Así, la intención del Ministerio de Trabajo es alcanzar un pacto antes de las vacaciones de verano (mes de agosto), mientras los sindicatos han puesto septiembre como fecha límite para lograr un acuerdo con los empresarios.
