Se lo plantearon Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira en una reunión a mediados de agosto. Querían que desarrollaran un sistema de votación electrónica que costaría entre 400.000 y 500.000 euros y ellos exigieron un adelanto que nunca llegó.
Dice que les dijeron que no habría ilegalidad: "nos preguntaron si éramos capaces a nivel tecnológico de desarrollar un sistema de votación electrónica. Sabíamos que era por el tema del referéndum. Cuando nos reunimos, nos dijeron que a eso lo amparaba la Ley que se iba a aprobar desde la Generalitat de Cataluña. Nos dijeron que eso sería legal".
Y también les aclararon que no lo pagaría la Generalitat, sino un tercero, pero nadie les pagó -no había mucho tiempo- y el proyecto no se hizo.