El Constitucional le da la razón al Gobierno y determina que esa legislación andaluza sobre la expropiación de viviendas vacías propiedad de los bancos, invade la competencia exclusiva del Estado en materia de política económica, en la coordinación de planificación general de la actividad económica.
Las expropiaciones la invaden y obstaculizan la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno central.
En una sentencia que cuenta con tres votos particulares, el Constitucional admite parcialmente el recurso del Gobierno contra este decreto ley sobre el cumplimiento del fin social de la vivienda que, en gran parte, no estaba ya en vigor, puesto que el Gobierno andaluz lo invalidó con la última ley de vivienda.
