El Gobierno admite que puede quedarse sin tiempo para exhumar a Franco

El Ejecutivo ha celebrado el penúltimo Consejo de Ministros antes de que Pedro Sánchez firme el decreto de convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, una reunión en la que se han aprobado medidas de relevancia a pesar del poco tiempo que queda para que concluya la legislatura.

Sin embargo, no ha podido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, asegurar si en este periodo el Gobierno tendrá tiempo para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

Pero sí ha defendido que el Ejecutivo "ha cumplido" con el mandato del Congreso de poner todo en marcha y llegar hasta el final del procedimiento administrativo. Un procedimiento que ha sido más largo del previsto por "garantista", según ha justificado.

"Ojalá las víctimas de Franco hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco", ha apostillado Celaá.

Y ha admitido que lo que se prolongue este proceso va a depender también en última instancia de lo que decida el Tribunal Supremo si, como se prevé, la familia de Franco recurre la exhumación.

Fuentes del Gobierno han insistido en que no se van a forzar los plazos para que la exhumación sea una realidad antes de las elecciones, y han insistido en que ahora todo va a depender del Supremo si hay recurso.

Por lo demás, Isabel Celaá ha vuelto a recurrir a su exposición previa en la rueda de prensa del Consejo para hacer un balance político de la semana y de nuevo ha criticado a la oposición, en este caso al denunciar el "muro de enfrentamiento" levantado por los demás partidos y su empeño en "intoxicar" con "crispación y falsedad".

Ha lamentado también la "bronquedad y las insidias" que en su opinión han "ensuciado" los debates en el Congreso y el Senado esta semana.

"Ha prevalecido el insulto sobre la dialéctica", ha dicho Celaá. Y en línea con el discurso que está haciendo Pedro Sánchez estos días, apelando a la moderación de su Gobierno, ha contrapuesto la actitud beligerante de la oposición con la "sensatez" aportada por el Ejecutivo.

Acto seguido, la ministra portavoz ha arremetido contra la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas por anunciar un viaje a Waterloo, donde se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia.

Ha considerado una "insensatez" este viaje y ha acusado a Ciudadanos de buscar una confrontación que "sólo beneficia" a los radicales.

En este sentido ha lamentado que "quienes defienden la Justicia española" contribuyan a "internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo".

Pero además, en esta introducción Celaá ha recurrido a los desahucios ejecutados esta mañana en el barrio madrileño de Lavapiés para denunciar que la oposición no convalidase el decreto sobre el alquiler.

Según ha asegurado, si el decreto hubiese salido adelante habrían sido "imposibles" las imágenes de hoy.

Sobre las medidas que quedan por aprobar antes de la convocatoria electoral, Celaá no ha dado detalles pero ha insistido en que éste es un Gobierno "muy serio" que no hará nada, ha prometido, "que se salga de la norma".

También ha defendido que se sigan acometiendo medidas como las transferencias a las comunidades autónomas.

Ha señalado que es habitual que los ministerios transfieran partidas a las comunidades para que puedan seguir funcionando.

"Que no se preocupe nadie, porque este Gobierno, que piensa continuar, va a hacer las cosas como tiene que hacerlas", ha apostillado Celaá, quien previamente ya ha advertido de que el Ejecutivo "no cierra" y seguirá tomando medidas.

Todo tras un Consejo que ha dado el visto bueno al Plan Nacional integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa y el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, que ahora se someten a información pública.

Aunque el anteproyecto no llegará a aprobarse porque no da tiempo con el fin de la legislatura, si se aprobarán la estrategia y el Plan, que España remitirá a la Comisión Europea.

La Comisión solo exige el plan, y desde el Ministerio confían en que quede ratificado por Europa, lo que obligaría al siguiente Ejecutivo, sea cual sea, a cumplirlo.

En cuanto a la ley y la estrategia, el Ministerio las ha elaborado para dar un marco normativo al plan, en el caso de la ley, y a evitar la pérdida de empleo durante la transición, como se pretende con la estrategia.