La enmienda pretende garantizar derechos como la presunción de inocencia o la intimidad de las personas involucradas en el proceso. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, opina que hay que llegar a un equilibrio con el derecho a la libertad de información, que "no es absoluto".
"Los derechos no son absolutos ninguno y, por tanto, tendremos que trabajar para garantizar el derecho a la información, a la presunción de inocencia y a la protección de la imagen. En nuestro Estado de Derecho conviven libertades públicas, derechos constitucionales y todos ellos tienen que ser conciliados y garantizados, no solamente unos respecto de otros".
Lo que para el ministro de Justicia es evidente es que los derechos de los imputados deben ser garantizados.
