La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha considerado un "despropósito" que Quim Torra crea que un Gobierno democrático pueda dar instrucciones al Poder Judicial para mejorar la condición de los políticos catalanes encausados.
Además, también ha revelado que el grupo de trabajo de la ONU que elaboró el informe sobre los presos independentistas, tenía entre sus miembros a dos personas que conocían y colaboraban directamente con la defensa de los políticos encarcelados.
Por este motivo, Celaá ha anunciado que el Gobierno va a pedir a la ONU formalmente que estas dos personas se inhiban en este caso y revisen el informe.
"El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias está formado por cinco expertos y varios de ellos han tenido estrechas relaciones con uno de los letrados de los independentistas", ha dicho.
La ministra portavoz deja en manos del Tribunal Supremo la gestión de las penas y dónde deben cumplirlas en el caso de que los presos fueran condenados.
Celaá no ha comentado nada de que la Generalitat pueda retorcer la ley para excarcelar a los encausados y, sobre pactos, se ha adherido a lo dicho por José Luis Ábalos: "las coaliciones son útiles si forman mayoría, pero por ahora PSOE y Unidas Podemos no la tienen".
