Este es el mismo caso de los exmiembros de la Mesa del Parlament que salieron en libertad y tuvieron un plazo para abonar una fianza, salvo Carme Forcadell, que sí fue a prisión hasta que abonó la suma.
Con Marta Rovira, que ha dicho que la DUI no tuvo efectos jurídicos, la Fiscalía ha optado finalmente por pedir esa fianza y el juez la ha impuesto: 60.000 uros estimando esta petición fiscal y desestimando la de la acusación popular, VOX, que sí solicitaba prisión incondicional porque apreciaba riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.