Según fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha estimado la petición de la Fiscalía y ha estimado este embargo preventivo de los 15 locales distribuidos en 23 propiedades que Convergencia puso a su disposición tras apalabrar la venta de su sede central en Barcelona que, inicialmente, era su garantía de responsabilidad civil.
El ministerio público cambió esta garantía ya que cifraba en 6,6 millones de euros estas supuestas comisiones ilícitas que Convergencia habría cobrado a través del Palau.
En lugar de sólo la sede central de Convergencia, que era la que inicialmente estaba embargada, ahora son las 15 sedes que habían puesto como aval para esa fianza las que están pendientes de ese embargo.
