La juez María de las Mercedes Pérez ha tomado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que constata "irregularidades" en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio en 2009.
Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos "redactó o firmó" el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y "la declaración de urgencia" del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21.
Este y otros contratos investigados en otras causas podrían haber servido para la financiación irregular de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 del PSPV.