Madrid |
La responsabilidad contable de Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N acaba saldándose en casi cinco millones de euros, después de que la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas haya estimado un recurso de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y haya elevado ligeramente esa suma.
La condena es ya firme y va desde esos casi cinco millones hasta 22.000 euros que tendrán que pagar, además del expresident, tres consellers -Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau- y seis exaltos cargos de la Generalitat.
El Tribunal de Apelación considera que ha quedado probado que la compra de siete mil ordenadores estaba destinada por el Gobierno catalán a la celebración del referéndum ilegal y esto se suma al resto de gastos destinados al proceso participativo de 2014.