Entre ellos, destaca la determinación del marco jurídico de la reforma del modelo de la estiba, es decir, si se mantendrán todos los términos del real decreto-ley derogado y, en especial, sobre su régimen transitorio, así como su posterior desarrollo.
Asimismo, las empresas quieren que se determine el alcance real de las medidas propuestas por el Gobierno en su plan de ayudas a los trabajadores portuarios y que se especifique el número de afectados, su distribución geográfica y los plazos.