El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España sin el apoyo del Partido Popular, Vox y Más País.
La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar la emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado durante su intervención en la cámara baja que se trata de "una ley que el país necesitaba e imprescindible". "Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resilicencia", ha dicho Ribera.
La oposición lo ve como un proyecto "limitativo"
Por el Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal ha apuntado que se trata de un "proyecto pequeño y limitativo que llega tarde porque en septiembre de 2018 presentamos la primera proposición de ley de cambio climático y ustedes la rechazaron".
Desde las filas del PSOE Helena Caballero Gutiérrez ha defendido que es una norma que ha escuchado las demandas de los jóvenes, ecologistas, empresas y otros muchos actores, por lo que demuestra que es una "ley muy participada" por diversos actores de la sociedad y que no deja a nadie atrás.
Juantxo López de Uralde (UP) ha agradecido a todos lo que han ayudado a sacar adelante esta ley, que no ha sido "fácil de gestionar", para resaltar el intenso debate que ha propiciado su tramitación.
Pese a lo que dicen los demás grupos, ha añadido, "la ley no ha llegado tarde", sino que ha tenido que esperar a un gobierno con políticas medioambientales capaces de sacar adelante la norma.
Para Mireia Borrás (VOX) "son ya muchos españoles los que están sufriendo las consecuencias de esta ley y que se manifiestan hoy frente al Congreso y este Gobierno como siempre mirará hacia otro lado".
Borrás ha añadido que la única modificación que votarán a favor es la del artículo 20.4 sobre la ocupación del dominio público marítimo terrestre, "una absoluta barbaridad" que atentaba contra la seguridad jurídica y que, al menos, en esta nueva versión se parchea eliminando su retroactividad, un pequeño detalle que habría costado el empleo a miles de personas que viven del mar.
Por el Grupo Plural, Inés Sabanés ha asegurado que esta norma llega con diez años de retraso y ha hecho hincapié en que se ha olvidado de lo fundamental "aumentar la ambición para luchar valientemente contra la emergencia climática". "Hace diez años hubiera sido una norma muy avanzada, pero hoy hace falta pisar el acelerador porque el tiempo se agota", ha incidido Sabanés.
Manifestación contra la ley en el Congreso
Durante el debate, un grupo de unas cincuenta personas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores (STR) se han manifestado en el exterior del Congreso para protestar contra la aprobación de la norma al grito de "Transición sin destrucción" mientras portaban una pancarta en la que se leía "Por el Futuro de la industria Química y el Refino".
La nueva ley del clima ayudará a España a cumplir con sus compromisos internacionales para combatir el cambio climático y alcanzar antes de 2050 la neutralidad climática. Además, propiciará un sistema eléctrico con, al menos, un 74 por ciento de generación de renovables, frente al 40% actual.
La norma parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.