España es uno de los cinco países de la OCDE, con Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega, que no han adoptado un plan estratégico para reducir los riesgos de corrupción con un sistema de integridad coherente y global, que es una de las grandes recomendaciones de la organización.
En su primer informe comparativo sobre las reglas existentes contra la corrupción y su aplicación práctica, publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que desde 2020 muchos de sus miembros han elaborado esa estrategia global, y ya son un 71 % del total.
Además, junto a los cinco identificados como carentes, también hay otros seis (Bélgica, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Eslovenia) que no han aportado datos que permitan determinar si cuentan o no con ese plan global.
Los autores señalan que hay países que disponen de un marco de lucha contra la corrupción y de promoción de la integridad de nivel institucional adoptado por ministerios y organismos públicos.
Pero ponen el acento en que "sólo una estrategia adoptada por el Consejo de Ministros o por una instancia equivalente puede considerarse un enfoque estratégico a escala de toda la Administración y con posibilidades de suscitar un apoyo político más amplio".
Para ilustrarlo, se refieren a los casos de Chile y Grecia, que en los últimos años han elevado su acción al nivel de un enfoque estratégico para toda la Administración.
Sin registros ni definición de los grupos de presión
España está, por otra parte, entre la mayoría de Estados (21 de 38) que no han establecido definiciones claras en su reglamentación sobre los grupos de presión y cabildeo, algo que se considera como un principio de base para luego fijar otras normas que eviten una influencia indebida y asimétrica.
Igualmente, figura en el grupo de 15 que no tienen registros de grupos de presión o no son accesibles al público, lo que constituye un obstáculo a la transparencia sobre quiénes intervienen en la elaboración de la acción pública.
Hay 12 países que publican en línea la agenda de los ministros y especifican con quién se reúnen y cuál es el tema de los encuentros.
Sobre los conflictos de intereses, España se sitúa prácticamente en la media de la OCDE en lo que se refiere a la reglamentación, lo que significa que sus normas cumplen un 78 % de los criterios definidos por la organización.
Además, mientras el cumplimiento medio de esas reglas para evitar conflictos de intereses es del 40 % en la OCDE, en España se cumplen mucho más, al 89 %.
España es también de los pocos países (8 de los 38) en los que se verifican al menos el 60 % de las declaraciones de interés para cotejar si se han hecho bien y no hay engaños. Y también del 26 % del total que no sólo tienen sanciones para los que se saltan las reglas del conflicto de intereses, sino que las aplican.
Puertas giratorias
El punto débil en el conflicto de intereses es el de las puertas giratorias, en particular la falta de seguimiento en el tránsito entre un mandato público y el posible uso de los conocimientos y de las competencias adquiridas más tarde para ejercer una influencia en la toma de decisiones o en la obtención de ventajas comerciales injustificadas.
España es uno de los 19 países en los que se impone un periodo de carencia a un antiguo cargo público antes de poder dedicarse a ciertas actividades en relación más o menos directa, pero en realidad sólo hay ocho que hagan un seguimiento de esos movimientos para los ministros y ocho para los altos funcionarios y España no está entre ellos.
En su informe, la OCDE constata que los marcos reglamentarios de los países son "cada vez más completos y sofisticados", pero la aplicación de algunos elementos sigue siendo "insuficiente".
En concreto, un 33 % no se llevan a la práctica. También las reglamentaciones sobre la gestión de riesgos y el control interno son "generalmente robustas", pero en la práctica son raros los países que hacen evaluaciones sistemáticas de esos riesgos.
Y en el caso de los conflictos de intereses, aunque los textos son igualmente sólidos, únicamente se llevan a la práctica un 40 % de media y cuando hay infracciones, las sanciones no suelen aplicarse.
