En un comunicado, Justicia recuerda que dicho proceso penal "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española", por lo que el tribunal belga que estudia la demanda civil contra Llarena interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados no debe inmiscuirse en el mismo.
Si, por el contrario, la instrucción "se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda", Justicia advierte de que "el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional" del país y "su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción".
Y no descarta incluso acudir, si fuese preciso, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Esta actuación no implica "en ningún caso", recalca el ministerio, que el Estado vaya intervenir en "defensa" del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por las expresiones o manifestaciones de carácter privado "que se le atribuyen" en la demanda.
Ante eso, prosigue el comunicado, "el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".
Sin embargo, en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, "cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio 'acta iure imperii'", por el que los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.
Por ello, Justicia sostiene que el tribunal belga no debe mencionar siquiera entre sus argumentos "hechos o datos de la causa penal abierta en España" que ha instruido Llarena.
El Ministerio precisa que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado, es decir, la Abogacía del Estado, ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros.
La fórmula pasaría por contratar un bufete privado de abogados "si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español", paso previo "imprescindible" para llegar, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
La respuesta de Justicia va en sintonía con lo solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tanto a este ministerio como al de Asuntos Exteriores: asegurar "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
La demanda contra Llarena, interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers, se sustentaba en una supuesta falta de respeto a su derecho a la presunción de inocencia por parte del magistrado.