Tras unas largas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, finalmente han sido capaces de llegar a un acuerdo acerca de la ley de vivienda. Esta incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán incentivos fiscales para facilitar la congelación de los precios, de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.
Esta noticia ha generado múltiples reacciones en la sociedad civil, tanto positivas como negativas. Uno de los primeros en manifestarse ha sido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha manifestado que dicha ley es una "distorsión brutal" de la libertad y del derecho a la propiedad, ya que "infiere directamente contra la propiedad privada" y afecta a "España, a la gente que ahorra, que tiene propiedades".
Rufián apuesta por "presionar al PSOE", mientras Gamarra denuncia "un ataque a la propiedad privada"
Frente a esto, la líder de la formación morada, Yolanda Díaz, se ha mostrado tajante y le ha respondido que "Garamendi sabe que sufragar el coste de un arrendamiento en una gran ciudad es misión imposible. Los jóvenes españoles no quieren paternalismo, sino poder emanciparse y el 55% no puede sufragar el coste del alquiler de una vivienda", incidiendo que la vivienda es, junto con el paro, el principal problema del país. El portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique, ha alabado la labor de Ione Belarra en estas negociaciones y ha ironizado sobre la necesidad de presionar al PSOE.
Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC y socio del Gobierno, se ha mostrado favorable a este acuerdo y ha anunciado una reunión de urgencia con Belarra para "intentar poner en común algún punto y poder ejercer presión al PSOE". "Si no se le obliga, no se mueve", ha añadido.
Mientras, la oposición ha cargado duramente contra este proyecto y lo ha calificado como "un ataque a la propiedad privada sin precedentes". Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha denunciado que este acuerdo implica "la intervención en los precios de los alquileres y, por tanto, la intervención en relación a nuestro patrimonio". "La intervención en los precios y en todo un mercado tendrá consecuencias no buenas ni positivas para España", ha apuntado.
