Este miércoles han entrado en vigor las medidas del Plan de Ahorro Energético aprobado la pasada semana por el Gobierno a raíz de la propuesta de la Comisión Europea que pretende reformar el mercado eléctrico para buscar una mayor independencia en los precios y acotar las emisiones de CO2. El Plan estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.
La normativa afecta principalmente a los organismos de la Administración, a los transportes públicos, a los centros de trabajo, los comercios y los negocios de cara al público, aunque, como explicó la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se aplicará teniendo en cuenta "flexibilidades relevantes", con el objetivo de garantizar "los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas" de ciertos sitios públicos "siempre que quede justificado".
Entre las medidas que se han puesto en funcionamiento este miércoles se encuentra que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados. También deberán apagarse las luces de los escaparates a partir de las 22:00, así como la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso.
Las puertas en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, cines, estaciones de autobús y tren y aeropuertos deberán permanecer cerradas cuando los sistemas de calefacción o refrigeración estén en funcionamiento y los recintos públicos cuya última revisión sea anterior a enero de 2021, deberán revisar calderas e instalaciones térmicas, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.
¿Qué lugares estarán exentos de aplicar el control de temperatura?
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario en el que se aprobaron estas medidas, Teresa Ribera explicó que se aplicarán excepciones en lugares en los que las condiciones sean necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y los que justifiquen la necesidad de tener unas determinadas condiciones ambientales.
Entre estos lugares se encuentran centros sanitarios, educativos, peluquerías y gimnasios. Tampoco será aplicable en el interior de trenes, aviones o barcos, ni en las habitaciones de los hoteles, que son de regulación privada.
Críticas al Plan
Las críticas a las medidas del gobierno no tardaron en llegar. Pocos minutos después del anuncio de estas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió en su cuenta de Twitter que "Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa a la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?".
Pero la cosa no quedó ahí. Tras la Conferencia Sectorial de Energía celebrada este lunes entre Gobierno y comunidades, las regiones gobernadas por el Partido Popular pidieron que se retirara este decreto. El Gobierno se negó, lo que volvió a provocar reacciones de líderes políticos en redes sociales.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, avanzó tras la conferencia que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto al considerar que se están "poniendo en cuestión competencias propias" de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio.
