Según la sentencia, a Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales se les vulneró su derecho a un juicio justo y sus sospechas estaban fundadas en cuanto a la falta de imparcialidad de la jueza Ángela Murillo, que les condenó a diez años de prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Otegi considera que la magistrada le prejuzgó, mostrando así su parcialidad durante la vista de otra causa en la que se negó a condenar el terrorismo, y ante su silencio la jueza le dijo que ya sabía que no respondería.
El Tribunal de Derechos Humanos rechaza sin embargo indemnizarles y con esta condena a España abre así la puerta a que el Supremo pueda levantar la inhabilitación política a la que Otegi también fue condenado hasta 2021.