Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando "su derecho a presunción de inocencia" porque "no es imparcial", dijo Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de exconsejeros en Bélgica y de sus equipos legales.
Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania participaron ambos por videoconferencia. Puigdemont y los cuatro exconsejeros son los sujetos de la demanda en Bélgica, pues según su equipo legal, las declaraciones de Llarena en la que basan su acción civil se refieren al 22 de febrero de 2018, cuando todos se encontraban en el país.
"Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos", señaló el abogado Paul Bekaert, sobre las declaraciones de Llarena. Otro de sus abogados, Christophe Marchand, dijo que la petición de la Justicia belga a Llarena será la de comparecer el próximo 4 de septiembre, una invitación que dijo desconocer cuando será recibida por el magistrado del Supremo.
"No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", añadió el expresidente de la Generalitat, quien como Comín auguró que Llarena será llamado a declarar a Bruselas. Comín explicó que la recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.
