Los juristas precisan que hay países como Austria en los que la financiación exterior a imanes está prohibida por ley, sin embargo en España "no hay ningún tipo de restricción" al respecto y aunque no se puede puede relacionar directamente la entrada de ese dinero con el radicalismo, sí que es una forma de controlar que este tipo de colectivos no se beneficie económicamente de dichas partidas. En la actualidad las mezquitas se nutren en parte con la aportación que realizan los fieles aunque hay otras líneas de financiación como la que pueden recibir desde la Fundación Pluralismo y Convivencia. Se trata de una entidad estatal creada en 2004 y que convoca anualmente ayudas que pueden llegar hasta los 20.000 euros para confesiones minoritarias, --entre las que se encuentran musulmanes, judíos y evangélicos-- que tengan firmados acuerdos con el Estado.
No obstante, muchos de estos templos costean sus gastos con capital extranjero, proveniente en ocasiones de Arabia Saudí, como ocurre con la Mezquita de la M-30 de Madrid. Por ello las fuentes consultadas piden que se centre el foco en este aspecto como medida de prevención para evitar un auge del terrorismo yihadista dejando una futurible reforma del Código Penal como segunda opción. "El derecho penal debe ser la última ratio", matizan.
"Hay que analizar la procedencia y el destino del dinero que está llegando. Deberíamos pensarlo porque puede que una inversión se destine a construir colegios o a fomentar la radicalización de determinados colectivos. Tenemos que reflexionar sobre cómo se están nutriendo económicamente estos colectivos", han explicado. Actualmente en España hay 14 mezquitas de nueva planta --como la Mezquita Central de Tetuán o la de la M-30-- y unos 1.600 asientos registrales, según informó a Europa Press la Comunidad Islámica de España (CIE) aunque no saben cuántos de ellos son mezquitas. En cuanto al número de imanes, no pueden determinarlo.