A lo largo de las tres horas que ha durado su declaración frente a la sección primera de la Sala de lo Penal, que proseguirá mañana, Cano se ha defendido de las acusaciones de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas que le atribuye el fiscal Alejandro Luzón, argumentando que "Afinsa nunca vendió filatelia que previamente no tuviese en sus stocks".
La Fiscalía Anticorrupción ha explicado que entre 1996 y 1998, el 64,5% de los contratos carecía de los sellos físicos, por lo que considera que la intención de la empresa era "la captación de ahorros de forma masiva" y no un negocio filatélico.
Pero el expresidente ha insistido varias veces en que la actividad de Afinsa "no era un negocio de inversión financiero", puesto que se trataba de un sistema de compraventa de sellos y, por lo tanto, no cabría hablar de "rentabilidades", sino de valor de mercado.
Sin embargo, ha reconocido que en los contratos de compraventa de sellos, el valor de éstos se fijaba "a través de listas internas" y no según el valor de mercado del catálogo, y que la revalorización se calculaba "de acuerdo a criterios internos y de mercado".
Asimismo, ha admitido que sus comerciales no eran "expertos ni entendidos" en sellos porque "no vendían filatelia, sino un servicio que en la base tenía filatelia".
Mientras, la Fiscalía, que pide provisionalmente 19 años de prisión para Cano, estima que en el mandato de venta de los sellos no se especificaba su valor ni la evolución de su revalorización y que no existía mediación en la compraventa, puesto que los activos no estaban especificados, sino clasificados en lotes.
Así, cree que la estructura del negocio suponía que "primero se captaban los fondos y posteriormente se adaptaba el producto a las operaciones", cuando debería ser al contrario.
Por el contrario, Cano ha considerado que "Afinsa era perfectamente solvente en la fecha de su intervención" y que fue esta intervención, el 9 de mayo de 2006, la que llevó "a pique" a la compañía.
