El escrito lo interpone el abogado Felipe Utrera Molina, en representación de los siete nietos: María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu y Jaime.
La familia Franco reitera en el escrito que la exhumación de los restos del dictador es "en contra de la voluntad de sus descendientes".
Rechaza la forma elegida por el Gobierno, un decreto ley, que, asegura "sólo cabe dictar" en los casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
"No se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata", afirma el escrito, que recuerda que Franco está enterrado en el Valle de los Caídos desde hace 43 años.
Se trata, por contra, añade el texto, de "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación".
La familia Franco considera que el real decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que establece que, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes".
"Las excusas -que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata", señalan.
Aluden así los nietos de Franco a la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.
Los nietos agregan en su escrito que la "extralimitación" del Ejecutivo "que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares" de la familia Franco, sino "al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales".