Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, González solo ha tardado un día en abonar la fianza que dictó ayer el magistrado al apreciar que ha disminuido el riesgo de fuga y también de que delinca manejando fondos en el extranjero, en este último caso gracias a la colaboración judicial con países como Colombia y Panamá.
El auto de libertad con la consignación de la fianza se ha enviado a un juzgado de Colmenar Viejo, que es el competente para tramitar la excarcelación de los presos internos en Soto del Real (Madrid), por que lo el expresidente madrileño saldrá en las próximas horas de prisión.
Durante la mañana de hoy, varios familiares de González se han presentado en la Audiencia Nacional para hacer efectiva la fianza y servirle de fiadores, aunque han rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Ayer, la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana de Ignacio González, afirmó que en la familia estaban empleándose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza.
Una vez en libertad, González, principal investigado en este caso de corrupción en el seno del Canal de Isabel II, deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá que entregar el pasaporte y no podrá salir de España.
Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".
"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", aseguraba el magistrado en su auto de ayer imponiéndole la fianza.
Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.