Para emitir su informe, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha reclamado al Ministerio de Defensa información y documentación sobre los contratos del vuelo que se estrelló en Trevisonsa (Turquía), en el que fallecieron 62 militares españoles, según ha desvelado en rueda de prensa la Asociación.
El procedimiento podría servir para dirimir responsabilidades sobre la tragedia y ampliar las compensaciones que recibieron las familias de las víctimas.
Al cumplirse mañana los 13 años del accidente y una vez agotados los procedimientos penales, los familiares de los fallecidos han manifestado su esperanza en que las gestiones iniciadas por el Consejo de Estado, solicitando diversa documentación a Defensa a resultas de la reclamación patrimonial contra la Administración interpuesta en su día y que quedó en suspenso, ayuden a reabrir la causa.
La responsabilidad patrimonial contra Defensa se inició por las familias antes del primer aniversario cuando prescribía el hecho y ese mismo verano de 2004 quedó en suspenso hasta que concluyeran los procesos abiertos por responsabilidad penal y civil.
En su balance del estado en el que se encuentran las causas relacionadas con el accidente de la aeronave, el presidente de la Asociación, Miguel Sencianes, ha manifestado que la decisión del Consejo de Estado es un capítulo muy especial, porque en estos 13 años no ha habido responsables políticos ni militares.
En este sentido, ha agregado que los tres militares condenados por la Audiencia Nacional fueron indultados por Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno.
Ha calificado de inexplicable que Defensa responda al Consejo de Estado que no tiene los contratos del avión siniestrado ni documentación sobre vuelos anteriores.
Tras señalar que hay evidencias de negligencia en los vuelos y que se pagaron 100.000 euros en subcontrataciones, Sencianes ha dicho que lo que pasó con el Yak fue "un caso de corrupción: se taparon contratos se dieron embajadas y hubo desprecio a las familias de los fallecidos".
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación, Paco Cardona, ha dicho que en este asunto "hay mucha suciedad que nadie quiere sacar a flote" y ha pedido al Gobierno en funciones "coger el toro por los cuernos y pedir perdón".
Los abogados de la Asociación, Leopoldo Gay y Elisabeth Martínez, han explicado que ahora el caso se encuentra en vía de reclamación administrativa y una vez que "la verdad se sabe, es hora de responsabilidades".
Tras indicar que el informe del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante, han mostrado su confianza en que Defensa decida aceptarlo y aplicarlo y así se pueda abrir la vía contencioso administrativa que permita una investigación y demostrar aprecio hacia los familiares.
Por otra parte, ante la falta de homenaje oficial por parte del Ministerio de Defensa, las familias de las víctimas han decidido reunirse en los lugares de origen de las víctimas: Zaragoza, Burgos y Madrid.
