El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que todas las comunidades donde gobierna su partido seguirán acogiendo a menores migrantes pese a la presión de Vox por el reparto propuesto por el Gobierno, que según Santiago Abascal atenta contra los pactos autonómicos suscritos con los populares.
El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando la reforma de la Ley de Extranjería junto al Gobierno canario de Coalición Canaria y PP para que haya derivaciones de menores migrantes a otras comunidades autónomas cuando los recursos de una comunidad estén por encima del 150 % de su capacidad.
Propuesta rechazada por Cataluña
Esta propuesta, trasladada ya a los grupos parlamentarios del Congreso y que será presentada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar en las próximas semanas en Canarias, ya ha sido rechazada por el Govern de Cataluña y por partidos como Vox.
Vox amenaza al PP
La formación de Santiago Abascal amenazó el jueves con llegar incluso a romper sus gobiernos autonómicos en coalición con el PP en el caso de que los populares acepten la reforma legal.
El propio Abascal no ha mencionado este detalle en concreto, pero este viernes ha advertido al PP de que aceptar el reparto de migrantes en las comunidades donde gobiernan ambas formaciones "iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales", y se ha dirigido específicamente a los gobiernos autonómicos.
"Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con el compromiso de nuestros votantes, cumpliremos nuestra palabra", ha dicho.
Antes de estas palabras de Abascal, y con la amenaza de ruptura de los gobiernos autonómicos sobre la mesa, Feijóo ha garantizado este viernes que todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, en solitario o con Vox, seguirán cumpliendo con su obligación de solidaridad en la acogida de menores migrantes.
"Vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas, coordinadas por el PP (...) el problema se produce cuando todos los centros de menores en comunidades autónomas están llenos, están repletos y hay muchas dificultades para mantener la dignidad de esos menores en esos centros", ha subrayado.
En su opinión, el problema es la falta de política migratoria del Gobierno central y de una acción diplomática que solucione el problema en origen.
El aviso de Vox tampoco ha producido efectos por el momento en los gobiernos autonómicos en los que cogobierna con el PP, que no recogen en sus acuerdos ninguna referencia expresa a la acogida de menores migrantes no acompañados.
Por ejemplo, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que su Gobierno regional es "estable" y "fiable", y ha cargado contra el Ejecutivo central al acusarlo de derivar "toda la presión asistencial" migratoria "exclusivamente sobre las comunidades del PP".
En este sentido, ha denunciado que los centros de acogida de la Comunidad Valenciana tienen "una sobreocupación del 160 %".
Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha rehusado valorar la postura de su socio en el ejecutivo, Vox, y ha asegurado que los principios que rigen la acción de su gobierno en materia de migración son el cumplimiento de la ley, la solidaridad y la igualdad entre territorios.
En el caso de Castilla y León, otra de las comunidades autónomas donde gobiernan PP y Vox, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la popular Isabel Blanco, ha recordado a sus socios que esta autonomía es una tierra de acogida y ha pedido al Gobierno central consenso de todas las administraciones en la reforma legal para el reparto, sin bilateralidad ni imposiciones.
Comunidades gobernadas en solitario por el PP, como Andalucía, o La Rioja, han pedido al Gobierno central más coordinación en el reparto de menores migrantes, mientras que Baleares ha solicitado que tenga en cuenta que en su caso también son punto de llegada de pateras.
Más allá del debate político, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado a la parte humanitaria de esta cuestión migratoria.
"Si estamos pidiendo ayuda es por algo, porque no podemos garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas, que no son derechos gratuitos ni privilegios", ha señalado.
El vicepresidente canario y líder del PP en esta comunidad, Manuel Domínguez, ha sido muy duro con Vox al acusar a esta formación de querer convertir las islas en "una cárcel" y el mar en "un cementerio".
También ha sido muy crítico el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha calificado de "vergonzoso" que "se utilice para obtener réditos políticos a corto plazo a las personas más vulnerables", y ha pedido en concreto al PP que "ratifique el compromiso con los derechos humanos" de los menores y el interés de los niños.
Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comentado que la amenaza de Vox es "lo mejor que les puede pasar" a los populares si quieren "mantener su propio camino, democrático y de respeto a los derechos humanos"
