Zarzuela asegura en el comunicado que la decisión del monarca es en coherencia con el discurso de Felipe VI cuando dijo que la corona debe velar por la dignidad de la Institución.
Todo a raíz de publicarse un posible fondo de Don Juan Carlos en un paraíso fiscal por donaciones de Arabia Saudí. Felipe VI, rompe así vínculos con su padre, y renuncia a la herencia que personalmente le pudiera corresponder.
Asimismo, Zarzuela ha informado de que don Juan Carlos dejará de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de su Majestad el Rey. Don Juan Carlos mantenía esa asignación pese a que el pasado mes de junio decidió retirarse de la actividad oficial.
En ese momento, Zarzuela informó que, al dejar de desarrollar actos oficiales, los recursos humanos y presupuestarios de que disponía podrían modificarse, aunque hasta ahora no se había tomado una decisión al respecto.
Como miembro de la Familia Real el anterior jefe del Estado tuvo un sueldo de 194.232 euros durante 2018. Zarzuela responde después a la información publicada este fin de semana por el periódico británico "Telegraph" respecto al hecho de que Felipe VI figure como beneficiario de dos fundaciones creadas por su padre, "Zagatka" y "Lucum", y que son investigadas en Suiza.
Respecto a la primera de ellas, Zarzuela asegura que el rey desconoce por completo su supuesta designación como beneficiario, y añade que, en caso de ser así, es de aplicación su decisión de renunciar a cualquier herencia de don Juan Carlos.
En cuanto a "Lucum" (la relativa a la donación de 65 millones por parte de Arabia Saudí) se informa de que mediante carta de 5 de marzo de 2019 dirigida a la Casa del Rey por el despacho de abogados Kobre&Kim, Felipe VI tuvo conocimiento, "sin ninguna justificación documental", de su supuesta designación como beneficiario una vez que falleciera don Juan Carlos.
Ante esa información, el rey trasladó copia a su padre y "a las autoridades competentes" y ordenó que se comunicara al despacho de abogados que ni él ni la Casa del Rey tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba, por lo que carecía de toda justificación lícita que se le involucrara en los mismos.
También se les trasladó, con fecha 21 de marzo de 2019, que no designaría representante legal para iniciar negociación alguna con el citado despacho sobre los hechos descritos. Asimismo, el rey compareció ante notario el 12 de abril de 2019 para manifestar que había dirigido una carta a su padre a fin de que, si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, la dejara sin efecto.
Manifestó igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderle ahora o en el futuro en relación con esa fundación
En ese mismo acto notarial, según Zarzuela, manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, "en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada".
Ante la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro.
Tras esas explicaciones, Zarzuela añade que don Juan Carlos ha pedido a la Casa del Rey que se haga público que de las dos fundaciones citadas en ningún momento facilitó información a su hijo.
Añade que ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes.
