Marlaska (Bilbao, 1962) fue uno de los nombres más sonados del primer Gobierno de Pedro Sánchez y con el tiempo se convirtió en su cara y su voz en uno de los momentos más críticos del mandato, con altercados diarios en Cataluña a escasas fechas de las elecciones generales.
Un asunto complejo del que salió con escasos rasguños y con un persistente mensaje de colaboración con los Mossos frente a los violentos en las calles.
Marlaska cerró la legislatura con la satisfacción del resultado del gran reto logístico de asegurar la Cumbre del clima, una cita que España preparó en apenas tres semanas y para la que fueron movilizados más de 5.000 efectivos, y de los escasos incidentes del "clásico" de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid pese a la amenaza de Tsunami Democràtic.
En esta nueva legislatura, el exmagistrado de la Audiencia Nacional no lo tendrá nada fácil con un gobierno de coalición con Unidas Podemos, un partido que lo cuestionó desde el primer momento y que hizo bandera de la retirada de las medallas al expolicía franquista conocido como Billy el Niño (un asunto que el ministro no ha sido capaz de resolver) o del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Marlaska ha ganado experiencia política, pero no ha colgado del todo la toga de juez, como se ha comprobado en su negativa férrea a desvelar detalles o valorar investigaciones policiales que estén judicializadas, como el caso de las pesquisas que se siguen sobre Tsunami Democràtic o los CDR. "Lleva la toga tatuada", comentan desde su entorno.
Entre los retos que tiene por delante, en virtud de los acuerdos de investidura con los diferentes partidos, está el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico.
Aunque se trata de una reivindicación histórica que incluso llegó a pactar el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar con el entonces jefe del ejecutivo navarro Miguel Sanz, la oposición ha criticado duramente ese acuerdo al considerar que supondrá la salida de la Guardia Civil de Navarra.
También las asociaciones del instituto armado han pedido explicaciones de un traspaso que afectaría a 175 agentes, pero Marlaska ya ha dejado claro que "ningún guardia civil va a salir de Navarra".